El proyecto de ley de adopciones en Honduras, presentado por Waldina Paz, diputada del Congreso Nacional, ha generado polémica entre diversos sectores, principalmente de los miembros de la comunidad lésbico-gay, quienes la consideran discriminatoria.
Pese a las críticas, la parlamentaria explicó que esta normativa era necesaria en el país, ya que no hay una que regule este proceso. Respecto a la prohibición de que parejas del mismo sexo puedan optar a la adopción, dijo que eso no es más de lo que establece la Constitución de la República en los artículos 112 y 116. “Lo que sucede es que se ha satanizado esta ley con esa disposición que ya está en la Constitución y yo no puedo ir sobre ella. En Honduras no existen los matrimonios entre personas del mismo sexo”, dijo Paz.
El artículo 116 de la Carta Magna estipula que se reconoce el derecho de adopción a las personas unidas por el matrimonio o la unión de hecho y prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho conformados por personas del mismo sexo.
Error jurídico
Erick Martínez, defensor de los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay, reconoció que la Constitución prohíbe la adopción para personas del mismo sexo, pero estimó que se trata de una violación de los derechos humanos. “Sabemos que la Constitución se trastocó en 2004 para violentar los derechos de una comunidad específicamente; más bien, la ley de adopciones reafirma una violación de los derechos humanos que es discriminatoria”, lamentó.
De igual manera calificó como un error jurídico el artículo 116 porque, según él, no se puede prohibir la adopción si no se reconoce el matrimonio entre homosexuales. “Ese es un error jurídico que está y los juristas tienen que tener claro que el fin primordial es la dignidad humana y aquí en Honduras vemos muchos errores al legislar”, apuntó.
Trámite
Felipe Morales, quien aún funge como director del desaparecido Instituto de la Niñez y la Familia (Ihnfa), ahora Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), explicó que este ente solo se encarga del proceso administrativo. “De manera general aclaro que la institución ha realizado el trámite administrativo y paralelo a este va un proceso judicial”, apuntó.
Felipe Morales, director del liquidado Ihnfa, ahora llamado Dinaf, calculó que unos 200 empleados han sido despedidos de la institución, de los 1,100 que, se estima, saldrán de la institución. “Originalmente eran 1,100 trabajadores y se ha despedido a más de 200, por lo que quedan unos 800 empleados por despedir”, indicó. Lo anterior obedece a que el presidente de la República ordenó la eliminación del Ihnfa para dar paso a la Dinaf y, con ello, la liquidación de gran parte del personal.
Fuente: La Prensa
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