Panamá crea una comisión para analizar la ley de adopción

Motivados por la existencia de diferentes iniciativas legislativas, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf) de Panamá, instaló el pasado día 1 de noviembre la Comisión Técnica para la revisión y análisis de las distintas propuestas.

En la comisión creada por la Senniaf tienen participación diferentes actores de la sociedad civil organizada, la jurisdicción de niñez y adolescencia y otras dependencias del Estado relacionadas al tema.

Los proyectos que ocupan la atención del Senniaf son el anteproyecto de ley 73, que adiciona artículos a la Ley 46 de 2013 General de Adopciones de Panamá sobre el proceso de adopción para familias acogentes, y el proyecto de ley 379, que regula la protección de los recién nacidos víctimas del abandono, la cual adiciona un artículo al Código Penal y dicta otras disposiciones, y con el fin de darle seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Evaluadora de la Adopción y las Normas de Protección de la Infancia y la Adolescencia..

La propuesta sobre el proceso de adopción para familias acogentes, analizada en la Comisión de la Mujer y la Familia, fue presentada por la diputada Athenas Athanasiadis y busca dar prioridad a las familias al momento de adoptar, siempre que cumplan con los requisitos.

La diputada Athanasiadis explicó que la iniciativa nació después de que se dio a conocer el caso de una niña que llevaba cuatro años con una familia acogente y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por cumplir con las normas, se la daría en adopción a otra familia, en detrimento de la salud emocional de la menor.

‘Presentamos esta modificación que da prioridad a las familias acogentes para resguardar los derechos del niño', explicó la diputada.

En la ley vigente no se considera a la familia acogente, que es la encargada de dar resguardo familiar de forma temporal con control jurisdiccional.

Sobre el tema, la diputada mencionó que no es justo que la burocracia administrativa del sistema prolongue las etapas del proceso que están supuestas a ser temporales, complicando la vida de los menores puestos a cargo de las personas que los han acogido.

De prohijarse el anteproyecto, la ley modificaría dos artículos, el 1 y 2, señalando que cuando una familia o persona acogente desee formalizar su solicitud de adopción sobre un niño, niña o adolescente que haya sido puesto previamente bajo su guarda, puede hacerlo, siempre que cumpla con los requisitos exigidos por la ley.

El fallido sistema de adopciones de Colombia

A más de 21.000 menores colombianos que hoy están bajo protección del ICBF se les extingue día a día la posibilidad de tener hogar dentro o fuera de Colombia. Un drama humano y social cuyas consecuencias están por verse.

Un bebé de apenas 3 meses quedó enyesado desde las piernas hasta los hombros por cuenta del maltrato que le propinaron sus padres biológicos. Tras recibir la atención médica necesaria, el pequeño fue trasladado del hospital a una institución de protección. Y de inmediato se ganó el corazón de todos cuando llegó forrado en yeso y sonriente. Era más que conmovedor ver en él tanta desgracia y al mismo tiempo su risa aún sin dientes. Con el pasar del tiempo se recuperó plenamente, y de su infortunio de hace casi tres años solo conserva la alegría. Pero el niño sigue en la institución de protección, atado a complejos trámites judiciales: aunque está claro frente a la ley que no volverá con sus padres agresores, su situación legal no se ha resuelto lo que impide entregarlo en adopción a una nueva familia.

El limbo en el que está este pequeño no es un caso aislado. El drama se repite por miles. Cada mes cerca de 2.000 menores engrosan el sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que tiene 112.504 niños actualmente. El ICBF es la autoridad, pero en el país también ocho instituciones privadas están acreditadas para desarrollar el programa de adopción. Entre las más reconocidas están Los Pisingos, Cran, Fama y Casa de la Madre y el Niño.

Los menores de edad cuyos derechos son gravemente vulnerados ingresan al sistema de protección. Bien puede ser en una sede del ICBF o en una institución autorizada, donde les proveen lo básico. Según la ley, los infantes allí deberían permanecer máximo seis meses, tiempo en el que los defensores de familia tienen que surtir un proceso administrativo de restitución de derechos. Según cada caso, el defensor debe determinar si devuelve al niño a su familia original o si lo declara ‘en adoptabilidad’.

El gran lío del sistema es que de 25.056 niños y adolescentes institucionalizados un 60 por ciento está en el limbo: ni se les retorna a sus hogares de origen, ni reciben la declaración legal con que se da apertura al proceso de adopción. De acuerdo con el ICBF hay 14.914 menores declarados en vulneración de derechos y a la espera de definir su situación social y legal. Algo que puede tardar años, lustros, y en no pocos casos la niñez entera.

Los defensores de familia, funcionarios del ICBF, tienen la potestad de tomar la determinación, pero se abstienen de ello por temor a incurrir en faltas disciplinarias, pues deben cumplir el Código de la Infancia y la Adolescencia y a su vez los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Y el tribunal ha emitido una serie de decisiones en las que profundiza los procedimientos con miras a garantizar los derechos de los menores. En la sentencia más controvertida, la T-844 de 2011, la corte exige que antes de que un menor sea declarado en adoptabilidad se agote la búsqueda de hogar entre sus parientes hasta el sexto grado de consanguineidad. El resultado es que los defensores no pueden definir con prontitud sin exponerse a una sanción de la Procuraduría, y mientras tanto los menores crecen sin hogar en las instituciones con un gravísimo impacto en su desarrollo emocional.

A esos casi 15.000 menores en el limbo hay que sumar otros 6.367, quienes aunque ya son adoptables tienen muy pocas posibilidades reales de dar con un nuevo hogar. Integran este grupo los niños mayores de 10 años, grupos de tres o más hermanos, y menores con problemas de salud que requieren un tratamiento especial.

Así que el panorama es abrumador: más de 21.000 menores cuya infancia se extingue día a día en el sistema de protección, ya sea porque están en el limbo jurídico o porque crecen en medio de la llamada lista de “difícil adopción”. El año pasado hubo 1.082 adopciones en toda Colombia. “Realmente hay una sola oportunidad, cuando uno es pequeño, porque después se pasa a ser un muchacho y es más difícil. Toca entonces crecer en el sistema y luego a los 18 años para afuera, mire a ver cómo se defiende en la vida”, dice Kael Sánchez, un joven de 22 años que se hizo adulto en el sistema.

“Indudablemente, buscar la familia extensa de un niño hasta el sexto grado de consanguinidad impuso una mayor complejidad pues extendió los tiempos de la búsqueda. Sin embargo, logramos subsanarlo con la reforma a un artículo del Código de la Infancia y la Adolescencia. A partir de su vigencia la búsqueda de parientes para la ubicación en medio familiar se realiza en el marco de la actuación administrativa, esto es, durante los cuatro meses que dura la misma, o de la prórroga si fuere concedida”, dice Cristina Plazas, directora del Icbf.

Crecer en una institución y no dentro de una familia produce múltiples efectos en el desarrollo de los menores. “Los niños que crecen en instituciones lo hacen con una falta de referencia, de seguridad. Les falta saberse y sentirse importantes para alguien. Para desarrollarse normalmente todo niño necesita que alguien esté loco por él y eso es lo que falta en las situaciones de cuidado colectivo”, explica el doctor Jesús Palacios, experto en psicología y protección infantil.

Un agravante adicional es que a muy pocos adultos con posibilidad de incidir en esta grave problemática les preocupa el asunto. En el Congreso el año pasado hubo una discusión al respecto, convocada por la representante Esperanza Pinzón, pero lastimosamente no logró tener mayor trascendencia. “Los niños no dan votos”, dice alguien que participó en el lánguido debate.

En un nuevo intento por lograr que todas las partes implicadas discutan y se planteen alternativas, una alianza de instituciones autorizadas para operar el programa de adopción está convocando al Primer Congreso Latinoamericano de Adopciones que se realizará en Bogotá (27 y 28 de octubre). Al encuentro vendrán expertos internacionales a discutir la situación de los miles de niños que crecen atrapados en un sistema que por pretender ser muy garantista los está haciendo prisioneros. Al fin y al cabo, les está negando, así sea con las mejores intenciones, las posibilidades de crecer en un hogar donde sean la alegría de la casa.

Fuente: Semana

Aumentan las presiones para aprobar la adopción homosexual en Ecuador

“No estoy de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, porque creo que la naturaleza algo de razón debe tener y que los niños deben estar en la familia tradicional, conformada por hombre y mujer”. Estas eran las palabras con las que Rafael Correa, presidente de Ecuador, se oponía en 2013 a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.

En aquel momento también subrayó que la ideología de género era “peligrosísima” para el país y criticó que se tratara de imponer esa forma de pensamiento. Las críticas que recibió a causa de estas declaraciones por parte de los defensores y promotores de la ideología de género cambiaron la posición de Correa, que tan sólo un año después aseguró que su Gobierno era el que más había trabajado por los derechos del colectivo LGTBI.

En el año 2014, Ecuador reconocía las uniones civiles entre personas del mismo sexo, lo que suponía para estas parejas contar con todos los derechos del matrimonio excepto la adopción conjunta. Ecuador no abrió completamente la puerta a la ideología de género al seguir estableciendo en la Constitución que “el matrimonio es la unión entre hombre y mujer” y no permitir la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.

Ahora, sin embargo, aumentan las presiones al Gobierno de Correa para que apruebe las adopciones por parte de parejas del mismo sexo. El caso que ha reabierto el debate sobre el tema lo protagonizan dos lesbianas inglesas que residen en Ecuador desde hace ocho años y que tienen una niña de cuatro que nació fruto de la inseminación artificial de una de las mujeres.

Helen Bicknell y Nicola Rothon decidieron inscribir a la niña en el Registro Civil de Ecuador con los apellidos de las dos en el año 2012. Sin embargo, al llegar al registro les informaron de que las leyes del país- que no contemplan la adopción por parte de parejas homosexuales- sólo permitían inscribir a la niña como hija de su madre biológica, de tal forma que en su carné de identidad sólo figuraría el apellido de la mujer que la concibió.

A partir de ese momento, Bicknell y Rothon iniciaron una batalla legal para poder inscribir a la niña con los apellidos de las dos mujeres, negándose a aceptar lo establecido por las leyes ecuatorianas. En Reino Unido, sin embargo, la niña sí ha sido inscrita como hija de ambas mujeres y tiene la ciudadanía inglesa. La negativa de la pareja a inscribir a la menor con un apellido ha supuesto que durante cuatro años no haya sido reconocida como ciudadana ecuatoriana.

El caso ha llegado hasta la Corte Constitucional de Ecuador, donde la pasada semana se escucharon los alegatos de la pareja. Bicknell y Rothon llegaron el pasado 30 de marzo de 2016 a la Corte Constitucional en Quito acompañadas por activistas del colectivo LGTBI, que han aprovechado este caso para volver a reivindicar la aprobación del matrimonio homosexual y de la adopción de niños por parte parejas del mismo sexo.

La Corte Constitucional deberá decidir ahora sí sucumbe a las presiones de la pareja demandante o mantiene la decisión que hasta el momento ha tomado la justicia ecuatoriana de respetar las leyes establecidas.

Fuente: Infovaticana

Texto: Lola González Giraldós

¿Adopciones ilegales en Nicaragua? El temor de las familias a las que les quitan sus hijos

De nada sirvieron los gritos, ni las lágrimas. La familia de la pequeña Fraydell Castillo reclamó por varios medios que la devolvieran, después de que hace algunos meses fue sustraída por el Ministerio de la Familia porque supuestamente estaba en abandono. El último día hábil, antes de las vacaciones de Semana Santa, la justicia de Nicaragua declaró a la menor en total abandono.

"La niña no estaba en desamparo, porque me tenía a mí, tenía a su papá y a mi mamá”, dice su madre biológica Elba Cruz, quien no la ve desde octubre pasado, y tampoco le han dicho cómo ni dónde se encuentra.

Cuando la institución llegó por la niña, ella se encontraba al cuidado de su abuela materna, Ana Francisca Gómez, mientras su madre trabajaba como empleada doméstica. Dice que los funcionarios del Ministerio la arrebataron de su andarivel y solo le dijeron que llegaban por ella.

El abogado de la familia, Edgard Araúz, asegura que no fueron comunicados que el Ministerio entabló un proceso judicial para declarar a la niña en desamparo. A pesar que ellos son de una población rural llamada San Juan de Limay en Estelí, a unas cinco horas de Managua, el juicio se realizó en la ciudad de Jinotepe al otro lado del país.

“Debió haber sido en todo caso en la cabecera departamental, que es Estelí o en su defecto en su defecto el lugar donde está asentado en el Consejo Nacional de Adopción, que en este caso no es este municipio, sino que debió haber sido en Managua”, dice el abogado. Ahora apelarán la sentencia. Su mayor miedo es que la pequeña sea dada en adopción.

Pero este caso no es el único: Sidney Romero dice que el Ministerio también le quitó a sus dos hijas. Por falta de recursos tuvo que acudir a la Defensoría Pública para que lleve su caso, pero dice que todo esfuerzo ha sido en vano, ya que no le dan respuesta. “Me están quitando el cariño de ella y ahora que me digan que me la van a dar en adopción, como que yo no parí, como que yo no tuve”, dice consternada.

Jennifer Zeledóno dice que a ella también le quitaron a su hijo cuando tenía un mes de nacido, y ella enfrentaba una depresión postparto. “Yo necesito saber qué van a hacer con el niño, el niño no se puede ir en adopción, porque el niño tiene quien responda por él”, reclama la joven madre.

Estos casos los dio a conocer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que asegura que en los últimos meses  ha recibido seis denuncias de este tipo, las cuales incluyen al menos ocho niños. La organización asegura que el Ministerio de la Familia no está siguiendo el proceso correctamente.

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de la Familia brindará protección cuando un menor se encuentre en situación de riesgo. Para ser dados en adopción, la primera opción serán sus familiares consanguíneos. Un proceso que supuestamente se está omitiendo, o se está llevando a cabo irregularmente.

“Los casos que tenemos dicen que los dieron en adopción o están para darse en adopción y nosotros no tenemos participación de eso”, asegura Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

CNN intentó comunicarse con el Ministerio de la Familia para saber qué tienen que decir al respecto pero no ha recibido respuesta y tampoco han reaccionado a las denuncias públicas sobre los menores.

Fuente: CNN

Mas de 150 niños abandonados fueron adoptados en Perú durante 2015

Un total de 151 niños en situación de abandono hallaron  una familia durante el 2015, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú.

Su titular, Marcela Huaita, indicó que del total, 42 fueron adopciones prioritarias, es decir, de niños mayores de 3 años, hermanos en ciertos casos y con alguna discapacidad, y 109 fueron niños menores de 8 años que no tienen ningún problema de salud.

Para las adopciones prioritarias, el tiempo de evaluación del adoptante es menor a los tres años comunes, dijo Huaita. “Cuando desean un pequeño con determinadas características, entran a una lista de espera porque tenemos muchas familias que tienen el mismo perfil y vamos viendo la identificación de los niños con las familias”.

Por otro lado, la ministra  señaló que otro avance que se ha hecho es la reducción de tiempo para declarar un niño en situación de abandono.

Fuente: La República. Pe

Los ecologistas mexicanos quieren agilizar los procesos de adopción en el país

La bancada del PVEM (Partido Verde Ecologista de México) en la Cámara de Diputados adelantó que presentará una iniciativa para homologar y simplificar el trámite de adopción a nivel nacional, como una medida de protección de la infancia y el fortalecimiento de la familia.

Daniela de los Santos Torres, legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 30 mil niños que viven en albergues, casas hogar u orfanatos, siendo el abandono la causa principal.

De igual manera, apuntó, existen casi 12 mil niños que carecen de lazos con su familia biológica, a los que se les considera en situación de desamparo. Dio a conocer que esta propuesta se dará a conocer al pleno el martes próximo para que sea turnada a comisiones y dictaminada posteriormente.

En rueda de prensa, recordó que en la legislatura local de Michoacán presentaron la ley de adopción para el estado y fue resultado de un trabajo conjunto entre la ciudadanía, jueces, magistrados y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Señaló que a dos años de la entrada en vigor de dicha normativa, se incrementó el número de adopciones en la entidad, por lo que pasaron de siete en 2012 a 46 en lo que va del año.

Además, se lograron establecer plazos precisos para el trámite administrativo de adopción (45 días) y también ubicar al interés superior del menor por encima del derecho a ejercer la patria potestad.

Destacó que las deficiencias observadas no son privativas de Michoacán, lo cual "nos obligó a realizar un análisis de la normatividad en materia de adopción de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal". Encontramos, abundó, que prevalece una falta de precisión y homologación respecto a los requisitos y plazos para el trámite administrativo de adopción, que provoca en la mayoría de los casos lentitud y discrecionalidad.

Aunado a ello, dijo, la ausencia, el desconocimiento o la falta de interés de los padres impiden que el trámite de adopción avance, pues en la mayoría de las entidades federativas se requiere la pérdida de la patria potestad para considerar a un menor sujeto de adopción.

Ese único requisito, advirtió, prolonga indefinidamente un trámite de adopción y alarga a su vez la institucionalización de los menores, privándolos de la oportunidad de desarrollarse plenamente en una familia.

Por ejemplo, refirió, la principal complicación que la mayoría de esos niños que podrían ser adoptados enfrentan es su edad, pues 77 por ciento de ellos tiene entre siete y 18 años cumplidos, y son esas edades las menos aceptadas por los posibles adoptantes.

A nivel nacional, sólo Durango, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz cuentan con una ley específica en materia de adopción, mientras que el resto se rige por la normatividad familiar o civil.

Manifestó que el principio del interés superior de la niñez indica que las sociedades y los gobiernos tienen que realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables, a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades.

La adopción es un tema fundamental para recomponer el tejido social, los efectos nocivos de la institucionalización de menores son ampliamente conocidos, los niños carecen de un sentido de pertenencia, crecen inseguros, faltos de amor y del calor que sólo les pueda brindar una familia.

Por lo tanto, aseguró, "queremos transformar la cultura de la adopción en México, se trata de una medida de protección del menor privado de una familia basado en su interés superior, consiste en brindar una familia a un niño y no un niño a una familia".

Finalmente, insistió que el PVEM va por la homologación y simplificación del trámite administrativo de adopción a nivel nacional, pues esta institución jurídica constituye una medida de protección de la infancia.

Fuente: INFORMADOR

Jueces de Niñez decidirán las adopciones de El Salvador con nueva ley

La adopción en El Salvador es un proceso que actualmente se desarrolla a través de instituciones como el Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (ISNA) o la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, los trámites en estas instituciones, en su mayoría, se vuelven lentos por diversos factores, principalmente burocráticos. Esto debido a que el país no cuenta con una ley que delimite qué institución es la encargada de regular la adopción de niños. 

En ese sentido, la comisión de familia, niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad de la Asamblea Legislativa estudia la creación de la Ley Especial de Adopciones (LEA). 

Parte del artículo 1 del anteproyecto de ley establece que la LEA “regula los procedimientos administrativos y judiciales para la adopción de niños, niñas, adolescentes y el procedimiento judicial en el caso de adopción de personas mayores de edad”. Es decir, tiene como objetivo reducir los trámites burocráticos que tiene la adopción actualmente.

De acuerdo con el documento, que contiene 136 artículos, la LEA busca “regular la adopción como una institución jurídica de protección familiar y social de rango constitucional, especialmente establecida en el interés superior de la niñez y adolescencia, asegurando su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le procure satisfacer sus necesidades materiales, sociales, psicológicas y espirituales”, tal como se lee en el artículo 1 de la propuesta de ley.

De acuerdo con el diputado Rodolfo Parker, del PDC y presidente de la comisión, esto evitaría trámites engorrosos. Para el parlamentario, esos aspectos se han convertido en uno de los principales obstáculos para que una adopción se dé con éxito.

“Desde 1950 se viene ensayando hacer una ley de adopciones y no ha sido posible lograrla. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la ausencia de una ley de adopciones? Pues lo que tenemos son trámites dispersos. No existe un solo camino y hay dualidad de funciones, chocan competencias por la falta de un camino”, dijo el diputado Parker.

Por otra parte, el diputado considera que con la LEA se disminuyen otras prácticas como la tarta de personas, o el que mujeres puedan prestarse al alquiler de vientre, ya que se debe contar con el consentimiento de adopción de los padres hasta que ya haya nacido el bebé.

Concentrar atribuciones

Uno de los problemas que detectaron los legisladores, en los más de ocho meses que llevan estudiando la Ley Especial de Adopciones, es que al existir dos instituciones realizando trámites paralelos se afecta el proceso.

Ante esto, los diputados dan la facultad de realizar todo el trámite a la Oficina Para Adopción (OPA) que estará adscrita a la PGR. El anteproyecto de ley contempla en el artículo 42 la creación de OPA, que estará adscrita a la PGR y que será de carácter permanente. En ese sentido tendrá que elaborar su propio plan de trabajo, así como su propio presupuesto. 

La OPA “tiene como función principal tramitar y resolver administrativamente en forma gratuita las solicitudes de autorización de adopción de niños, niñas y adolescentes, y todos los procesos o diligencias que sean necesarios para tal fin, garantizando el interés superior de la niñez y respetando sus derechos fundamentales”, reza parte del artículo.

Al tener completo todos los requisitos, el representante de la OPA avalará la adopción. Luego presentarán el caso a un juez de Niñez y Adolescencia, que es el que en última instancia decidirá si se procede o no a la adopción.

Eso se refleja en el artículo 8 de dicho anteproyecto, el cual establece que es “el juez o jueza Especializada de Niñez y Adolescencia... es el funcionario o funcionaria competente para decretar la adopción de niños, niñas o adolescentes”. El anteproyecto también contempla la adopción de mayores de edad. En este caso la decisión la tomará un juez de Familia.

Principio de subsidiaridad 

Un punto importante es que en la nueva normativa es fundamental que las autoridades agoten todas las instancias para cumplir con el principio de subsidiaridad, que quiere decir que se buscará a los familiares del menor que será adoptado. 

Si tras la búsqueda no se da con el paradero de estos, la autoridad encargada de la adopción deberá hacer constar que se hizo todo el procedimiento y no se pudo ubicar a los padres o los representantes del niño. Por otra parte, el principio de subsidiaridad también demanda que todo el proceso de adopción se haga bajo el respeto estricto de todos los convenios internacionales sobre derechos de los niños.

FUENTE: LA PRENSA GRÁFICA

La nueva ley de derechos de la niñez facilitará procesos de adopción en México

La nueva ley de derechos de la niñez incluye disposiciones para facilitar y vigilar el proceso de adopción, a fin de procurar que todos los menores de edad vivan en familia y su estancia en albergues sea lo más breve posible, pues el gobierno federal y el Congreso de la Unión están decididos a que nunca más se repita un caso como el de La Gran Familia.

Ordena, por ejemplo, que las nuevas Procuradurías de Protección contarán “con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, adopciones concluidas e informar de manera trimestral a la Procuraduría de Protección Federal”.

Incluye que los responsables de los procesos deben verificar que “la adopción no sea motivada por beneficios económicos para quienes participen en ella”.

Las senadoras Diva Gastélum, Hilda Flores, Angélica de la Peña y Martha Elena García, responsables del proceso legislativo para crear la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, explicaron que este nuevo instrumento jurídico incluye medidas como el censo estricto de niños en albergues, el listado nacional de solicitantes de adopción, la situación jurídica y de familia de los infantes y la responsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y federal en el funcionamiento de los albergues, ahora llamados Centros de Atención, pues el hecho de que muchos sean establecimientos privados no significa que los niños, niñas y adolescentes dejen de ser responsabilidad del gobierno.

Recordaron que estará prohibido que los menores de edad estén de manera indefinida en un Centro de Asistencia Social, por lo que se promoverá su adopción para respetar a cabalidad su derecho a vivir en familia.

Colocado en el capítulo de Derecho a Vivir en Familia, el tema de adopciones dispone que las personas interesadas en adoptar a un menor de edad que esté bajo la tutela del DIF y las Procuradurías de Protección presentarán su solicitud; en el ámbito de sus respectivas competencias, estas instancias realizarán las valoraciones sicológicas, económicas, de trabajo social y todas aquellas para determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, y emitirán el certificado de idoneidad.

“La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una familia de acogida pre-adoptiva que cuente con certificado de idoneidad”; dispone también que “se procurará no separar a hermanas, hermanos, pero si hubiere necesidad de ello, se establecerán medidas para que mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación permanente”.

Una vez consumada la adopción, las autoridades estarán obligadas a dar “seguimiento a la convivencia entre ellos y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar”.

“En caso de que las Procuradurías de Protección constaten que no se consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, niños o adolescentes con la familia acogida pre-adoptiva, procederá a reincorporarlos al sistema que corresponda y se realizará en su caso, una nueva asignación”, dice.

En el proceso de adopción, las leyes federales y estatales deberán contener disposiciones mínimas que prevean que los menores de edad “sean adoptados en pleno respeto de sus derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez; asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas , niños y adolescentes de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez”; de igual forma, ofrecer asesoramiento jurídico para quien consienta la adopción como para quienes la acepten.

Para las adopciones internacionales, añade que “el estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar hasta en tanto culmine el proceso de cambio de nacionalidad o cumpla la mayoría de edad”.

Tendrá DIF procuraduría

Otra de las innovaciones de esta nueva ley es que ordena que “para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección” y este modelo se tendrá a nivel estatal.

Así, será la encargada de procurar a los menores de edad una protección integral que incluye atención médica y sicológica, seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural; la inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas o niños en las medidas de rehabilitación y asistencia.

También de “prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente con representación, coadyuvante en todos los procedimientos judiciales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes”.

Los presidentes de los órganos de gobierno del Senado, Luis Miguel Barbosa, de la Mesa Directiva, y Emilio Gamboa, de la Junta de Coordinación Política, anunciaron que el acuerdo construido entre las principales fuerzas políticas permitirá que mañana el pleno apruebe la nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Emilio Gamboa, también líder de los senadores del PRI, detalló el procedimiento, pues dijo que “la vamos a ver el día de mañana, si las comisiones pueden sesionar, para ver qué dice el presidente, y el miércoles en una sesión extraordinaria se apruebe esta ley, que es una deuda para los mexicanos desde hace 20 años: la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”.

“Creo es un trabajo, otra vez, un acuerdo político en el Senado de la República, que sin duda alguna quienes van a tener este beneficio serán las niñas, los niños y los adolescentes de este país”, resaltó.

La nueva ley propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y construida con observaciones de legisladoras del PRI, PAN y PRD, junto con especialistas y organizaciones especializadas como la ONU, a través de Unicef, crea un catálogo de derechos para los menores de edad, entre ellos prohibir que sean usados como rehenes de sus padres en procesos de divorcio.

De igual forma, prohíbe que una niña o un niño sean obligados a casarse, aun con el permiso de sus padres; hace corresponsables a todos los niveles de gobierno de los albergues públicos y privados e incluye la migración interna, como la que realizan los jornaleros, como parte de la protección de los niños migrantes.

El domingo, las y los senadores involucrados en el proceso cerraron la negociación con el Consejero Jurídico de Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y ayer, Emilio Gamboa resaltó el avance.

“Dejar en claro que esta iniciativa que envió el Presidente, ya tenía inquietudes del PRD, de Acción Nacional y del PRI, y para eso está el Congreso; el Congreso está para mejorar las leyes. Fue un trabajo de seis comisiones, que se llevó a cabo durante 15 días, y yo me lleno de satisfacción que ayer por la noche se me haya reportado que han terminado el 99.9 por ciento de esta iniciativa”, afirmó.

La aprobación de esta nueva ley general de derechos de las niñas, niños y adolescentes dependerá de que mañana a temprana hora los integrantes de las seis comisiones unidas que procesan este tema hayan concluido la discusión y aprobación, luego de que tendrán 24 horas para analizarla, ya que el dictamen lo recibirán la mañana de hoy.

Fuente; Punto de Vista

Una pareja promueve las adopciones de niños con Síndrome de Down

Una pareja estadounidense ha grabado un vídeo para promover las adopciones de niños con necesidades especiales, sobre todo de aquellos que padecen Síndrome de Down.

Han grabado un vídeo que cuenta su experiencia durante los primeros meses de vida de su hija enferma.

Andy y Lara decidieron adoptar a una niña con esta discapacidad. “Antes de casarnos ya sabíamos que la adopción entraría en nuestros planes. Después decidimos que queríamos a un niño con Síndrome de Down”, comenta Lara. Gracias a una fundación que se dedica a este tipo de acogidas pudieron cumplir su sueño.

El vídeo comienza unas horas antes de ir a buscar a su hija al hospital. La alegría de la pareja es indescriptible. La película continúa con escenas de la vida en familia meses después de llevar a la pequeña, que recibió el nombre de Sunflower, a casa.

El matrimonio ha recorrido diferentes programas de televisión para compartir la felicidad que supone tener a una pequeña como Sunflower en sus vidas. El vídeo y su cuenta de Instagram se han hecho virales y han recibido millones de visitas en tan solo unos meses. Además, gracias a la campaña "hooray4sunny" han conseguido recaudar más de 10.000 dólares en una semana para poder continuar con su campaña.