sábado, 8 de febrero de 2014

Los huérfanos de la guerra (México)

Nadie voltea a verlos, no hay programas oficiales que los contabilicen, mucho menos existen acciones para resolver la situación de abandono en que se encuentran. Son los niños huérfanos de Michoacán (México), que podrían ser más de 7 mil.

Ellos son víctimas de la ola de violencia que se vive en ese estado desde el 2006, cuando el Gobierno Federal de Felipe Calderón aplicó la llamada guerra contra el narcotráfico. No hay cifras oficiales exactas que puedan dimensionar el problema social de los huérfanos de la violencia que se ha ganado a pulso la atención nacional y mundial de los medios de comunicación. Aunque se presume que solo en la región de Tierra Caliente ya son poco más de 5 mil niños, entre los 0 a los 15 años, que se han quedado sin padre; autoridades no han asumido la cifra como oficial. 

Pese a la magnitud del problema, este no ha merecido la atención de la Comisión Nacional de  Derechos Humanos, pues en Michoacán, a pesar de los índices de violencia en que vive tres cuartas partes de la población, no se lleva a cabo ningún programa sobre asuntos de la niñez y la familia, como en otras entidades del País.

El Gobierno estatal tampoco atiende la problemática de los menores que se quedaron sin sustento material y emocional y lo que más se aproxima a las acciones de respaldo de estos niños es la entrega de un juguete cada Día de Reyes, o Día del Niño. En forma extraordinaria algunos huérfanos fueron incluidos en la lista del DIF estatal para otorgarles una despensa cada dos meses.

El Gobierno Federal perdió de vista el fenómeno social de los niños a los que la violencia, y la volatilidad social que se vive en la entidad, les arrancó del seno familiar a su padre o a su madre, en la mayoría de los casos víctimas de homicidio, en otras por desaparición forzada, o por encarcelamiento.

Solo en los 30 municipios que integran la zona de Tierra Caliente, se contabiliza -en forma arbitraria, con datos de las comandancias de policía, oficinas locales del DIF, presidencias municipales, tenencias de gobierno y secretarías de ayuntamientos- un estimado a los 5 mil 10 huérfanos, de los cuales el 60 por ciento han quedado en esa condición en los últimos dos años.

Otra de las regiones de Michoacán que registran una elevada cantidad de huérfanos, a partir del 2012,  es la zona de la Meseta Purépecha, en donde la cifra ya supera a los mil 325 menores que se han tenido que incorporar al trabajo para poder subsistir, ante el abandono del que son víctimas también por parte del gobierno estatal y federal.

En los municipios que integran la región de la Costa Sierra, el número de huérfanos por la violencia ya llega a los 732 menores, en tanto que en la zona centro, en donde se ubica la ciudad de Morelia, el número de niños huérfanos alcanza los 631.

La regiones con menor número de menores en orfandad, víctimas colaterales de la violencia en Michoacán, son el Bajío con 582, y la zona Oriente con 392 niños que han perdido a su padre o madre, o ambos, en actos relativos a la violencia.

En cada uno de los 113 municipios de Michoacán resalta que la cifra total de huérfanos víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ya llega a 7 mil 262 menores.  De estos al menos el 12 % se encuentran en esa condición luego de que el jefe de familia está en proceso penal,  recluido en la cárcel por delitos relacionados con narco, delincuencia organizada y/o portación de arma.

Cantera de talento

Los menores desamparados, sumidos, la mayoría de las veces, en la pobreza, huérfanos y con necesidades de sostenimiento de la familia -y de venganza en no pocas ocasiones- se convierten en cantera de talento para los reclutadores de los grupos de civiles armados que operan y chocan en la entidad, en donde, se asegura, siempre hay vacantes para cubrir.

El destino para las niñas no es más alentador. La mayoría se casa a una edad temprana, no llegados aun a los 16 años, en muchas ocasiones con hombres mucho mayores que ellas, aspirando como única finalidad a un sustento económico para ellas y sus hermanos.

La orfandad de niñas que buscan matrimonio a temprana edad es un campo de cultivo para la proliferación de los grupos dedicados a la trata de personas. De ese fenómeno, la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán ni siquiera se entera, mucho menos aplica acciones preventivas.

Las viudas de la guerra, las mujeres que quedan al frente de las familias mutiladas, es otro sector social que camina de la mano de los huérfanos.

De ellas nadie sabe a ciencia cierta cuántas hay en Michoacán, mucho menos existe un programa de asistencia social por parte del gobierno estatal o federal, que remedie sus carencias de vida.

Solo en algunas presidencias municipales, por decisión de los alcaldes y no por política oficial, se han instrumentado acciones de ayuda para esas mujeres, que no pasan de un apoyo de 200 pesos a la semana y una despensa cada dos meses.

En las presidencias municipales se estima que el número de viudas de la violencia podría llegar en suma a casi mil 250 mujeres, esto en base a la cantidad de cartas que la autoridad local ha emitido a la embajada de Estados Unidos en México, recomendando a esas mujeres como candidatas al asilo  político, "porque su forma de vida, ya no se puede sostener ante la violencia en México", dice el documento oficial.

Auxilio o exilio

La situación que enfrentan los hijos de la desgracia generada por la violencia en Michoacán parece no conocerla o no importarle al Gobierno del Estado, y piden asilo a EU 

De acuerdo a cifras de la propia embajada de Estados Unidos en México, las peticiones de asilo que han presentado los mexicanos han aumentado en casi un 400 por ciento en poco más de seis años, teniendo como causa principal la violencia generalizada en todo el país.

El gobierno de Estados Unidos ha registrado al corte del 2013, un total de 16 mil 536 solicitudes de residencia, esto en solo dos años.

La mayoría de las solicitudes presentadas al gobierno de Estados Unidos para alcanzar la residencia temporal o permanente en ese país, son de michoacanos que han manifestado una escalada de violencia que les impide vivir con seguridad en sus regiones de origen. Gran parte de esos michoacanos, que quieren ir a vivir como exiliados políticos, son de Tierra Caliente.

Y de todos los michoacanos que solicitaron la residencia el año pasado, se registran un total de 3 ml 419 de menores de edad.

De los huérfanos que ya han iniciado el trámite de solicitud de residencia en Estados Unidos, cuyas cartas de recomendación fueron extendidas por los gobiernos municipales a donde corresponde su originalidad, la mayoría supo que las causas del asesinato de sus padres principalmente fue por "ajustes de cuentas", según continua la criminalización de las víctimas por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán y de algunos medios de comunicación.


El número de cartas municipales para huérfanos -cuyos padres fueron asesinados en la ola de violencia- que piden recomendación para iniciar el trámite de residencia en Estados Unidos, ya asciende a más de mil 173 documentos, de los que la mayoría de ellos fueron extendidos por los gobiernos locales de Apatzingán, Nueva Italia, La Huacana, Coalcomán y Tepalcatepec.

La suma de cartas extendidas para hijos de personas presas, procesadas en cárceles federales de máxima seguridad por los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, se estima en 320 documentos. Los hijos de los presos han decidido buscar la alternativa de radicar fuera del México ante la criminalización y el señalamiento que en su sociedad se ha hecho de ellos mismos.

La mayoría de esos menores han abandonado la escuela y su única alternativa es el empleo informal para ayudar al sostenimiento de la familia, mientras se lleva el proceso penal del jefe de la casa.

La situación que enfrentan los hijos de la desgracia generada por la violencia, parece no conocerla o no importarle al Gobierno del Estado de Michoacán, desde donde no solo no hay ninguna alternativa de ayuda para los huérfanos de la guerra contra el narcotráfico, sino que ni siquiera se conoce la cantidad exacta de personas que se encuentran en esa condición de vulnerabilidad que a punto está de convertirse en una crisis humana que amerite la intervención de instancias internacionales.

SALDOS DE LA GUERRA

Aun cuando por política oficial del Gobierno de Michoacán no se lleva un conteo de cifras de muertes de los enfrentamientos que ocurren en la entidad, se calcula que en lo que va de la actual administración de Fausto Vallejo, ya son más de 2 mil 300 muertos, de los que casi el 62% ocurrieron en la zona de Tierra Caliente, en los últimos 12 meses.

La federación ha detenido y procesado, en la misma región deTierra Caliente, a cerca de 2 mil 120 personas como presuntos responsables de delitos que tienen que ver con delincuencia organizada y narcotráfico, sujetándoles a proceso penal en cárceles de máxima seguridad, lo que les hace deslindarse de sus hijos, que quedan en la orfandad.

Datos de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, indican que en Michoacán se carece de un programa de atención para niños víctimas colaterales de la violencia. Hacen referencia a que en esta entidad aumenta la participación de menores en los actos delincuenciales, con delitos de alto impacto como delincuencia organizada y narcotráfico. 

Fuente: Vanguardia

 

martes, 4 de febrero de 2014

Los huérfanos abandonados de Guatemala


Cuando me agaché para tomar en brazos a la niña de 1 año de pantalones rosados, calcetines morados y sudadera desgastada, esperaba que empezara a llorar. Es lo que habitualmente hacen los niños cuando un desconocido se les acerca más de la cuenta. Pero en lugar de llorar, sólo me miró y pestañeó.

Un momento después, su pequeña boca dibujó una sonrisa. Cuando la balanceé suavemente un par de vez sobre mi cadera, se echó a reír. Otros seis niños, más o menos de la misma edad, me miraban desde sus sillitas, esperando con ansiedad su turno para que los cogiera en brazos.

Susana (no es su nombre verdadero) tiene un rostro ovalado, ojos negros y anchos, piel de color oliva claro y cabello negro. Es una huérfana que fue abandonada al nacer. Pero eso no quiere decir que no haya quien la quiera. No sería muy difícil colocarla con una familia que la ame y le provea el apoyo y la educación que todo niño merece. No obstante, las autoridades guatemaltecas están negando ese derecho de nacimiento de forma sistemática.

Susana ha vivido desde que tenía dos días de vida en el Hogar Luz de María, un orfanato privado en el lado oeste de la capital guatemalteca. Es una vida mucho mejor a la que podría haber tenido en el abarrotado orfanato estatal, donde hay historias de violencia y negligencia. El Hogar Luz de María, sin embargo, sobrevive gracias a las donaciones privadas y su presupuesto es limitado. La atención individualizada y el afecto son lujos.

Unicef, el organismo de Naciones Unidas que se autodenomina el defensor de los niños del mundo, tiene mucho por lo que responder en el caso de la institucionalización de Susana y miles de otros huérfanos guatemaltecos. Unicef señala que no se opone a la adopción. Sin embargo, en 2007 y con la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos presionó de forma exitosa a Guatemala, al igual que ya había hecho con la mayoría de los demás países en desarrollo, para que detuviera el flujo significativo de salidas de niños abandonados que eran adoptados por familias en EE.UU.

Para controlar la situación, el Congreso guatemalteco creó una sola burocracia estatal denominada el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y las agencias privadas de adopción fueron prohibidas. La nueva ley estableció una moratoria sobre las adopciones internacionales, que cada año solían encontrar un hogar para miles de niños.

Escribí sobre la crueldad de esta "reforma" el año pasado. Desde entonces, la situación sólo ha empeorado.

Dinora Palacios, quien administra el Hogar Luz de María, tenía 10 niños a su cargo cuando el orfanato abrió sus puertas en 2004. Hace dos años, la cifra había subido a 20. El año pasado, ya llegaba a 30 y ahora tiene 45. Los funcionarios estatales le siguen trayendo niños porque el orfanato del gobierno no da abasto.

Un problema es que Guatemala no cuenta con una sólida cultura de adopción. De modo que mientras el CNA se jacta de decir que los bebés ya no son "exportados", no menciona la tragedia de los niños que se amontonan en las instituciones porque no se les puede encontrar un hogar en el país. Unicef informó en abril de 2013 que había unos 5.800 niños en el sistema que alberga a los huérfanos. Algunos expertos locales dicen que la cifra es más alta.

Los burócratas han pasado un año buscando a la madre de nacimiento de Susana. No la han encontrado, lo que significa que el bebé será a la larga clasificado como "adoptable". Pero puesto que ya dejó de ser un bebé, las probabilidades de que encuentre un hogar en Guatemala ya han disminuido. Ahora, debe pasar por los tribunales de familia, que tienen muchos casos atrasados, y la burocracia, que se mueve a paso de tortuga. El costo emocional de enfrentar las incertidumbres burocráticas es un factor que puede disuadir a los potenciales padres.

La situación puede ser más sombría. Si las autoridades creen que han encontrado a la madre de un niño abandonado, debe comparecer ante el juez y someterse a una prueba de ADN. No es extraño que algunas "sospechosas" eludan la prueba del ADN durante meses, lo que significa un nuevo retraso en el proceso. Si la prueba confirma la maternidad, la madre debe inscribirse en una "terapia" diseñada para obligarla a reunirse con su hijo.

Las madres que han soportado la terapia estatal dicen haber sentido una presión intensa que incluye amenazas de encarcelamiento y grandes dosis de culpa. Si la madre cede, o algún miembro de la familia decide hacerse cargo del niño, Unicef puede ver una adopción menos en los libros de Guatemala y es otra victoria para el CNA.

Las consecuencias no deseadas de esta política retorcida son innumerables. Una guatemalteca que siente que no está preparada para abordar la maternidad ahora tiene más probabilidades de abandonar su bebé que de ofrecerlo en adopción para evitar afrontar la agotadora manipulación psicológica del gobierno. Muchos bebés quedan abandonados en los hospitales. Pero también es común leer noticias en la prensa sobre bebés encontrados en los autobuses y en los cubos de basura.

Es cierto que antes de la entrada en vigor de la ley había algunos abogados faltos de escrúpulos en el negocio de las adopciones en Guatemala. Pero la policía los podría haber detectado y cerrado sus operaciones sin hacer trizas las probabilidades de que miles de huérfanos encuentren una familia que los quiera.

El director del CNA le dijo este mes al diario guatemalteco La Hora que "toda esta normativa está enmarcada en los derechos de la niñez" de vivir en la cultura y hablar el idioma de su región de nacimiento. Cualquiera que tenga una comprensión tan primitiva de las necesidades de los niños no debería estar supervisando su bienestar.

Fuente: The Wall Street Journal
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